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  • Enrique Alfaro presenta solicitud de juicio político contra el magistrado Alberto Barba


  • El Presidente Municipal agregó que las irregularidades incurridas por la Sexta Sala no se limitan a procedimientos de afirmativas fictas, también las hay en juicios de nulidad, de lesividad y otros procedimientos
  • Por Capital Digital Hace 1 año
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  • Crédito: alfaro juicio politico
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  • En su calidad de ciudadanos, el Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y la Síndica Anna Bárbara Casillas, presentaron una solicitud de juicio político en contra del magistrado titular de la Sexta Sala del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba Gómez, ante el Congreso del Estado de Jalisco, con la finalidad de que se investigue la red de corrupción a la que pertenece.

    Adicionalmente, el Gobierno de Guadalajara presentó hoy una denuncia penal en contra del Magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba Gómez, por los delitos de abuso de autoridad, fraude procesal, ejercicio indebido del servicio público, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, así como delitos contra el desarrollo urbano.

    “A lo largo de esta administración nos hemos dado cuenta de múltiples abusos de la sala sexta del Tribunal Administrativo del Estado, que son parte del desastre urbano que actualmente sufre la ciudad”, afirmó Alfaro Ramírez, quien agregó que en la sala sexta del Tribunal Administrativo del Estado se encontraron 36 procedimientos de afirmativas fictas sólo del periodo 2012-2015 que incluyen:

    22 procedimientos relacionados con construcción de edificaciones (dictámenes de trazos usos y destinos, licencias de construcción y habitabilidad)
    5 licencias de construcción de gasolineras
    4 licencias de giro para gasolineras
    2 permisos de anuncios, uno de ellos es de 19 anuncios espectaculares y el otro para colocar anuncios en puentes peatonales
    1 licencia de giro para una agencia automotriz (Kia Colomos)
    1 licencia de giro para restaurante bar y anexo
    1 licencia de giro para venta de vinos y licores

    De estos 36 procedimientos de afirmativa ficta tramitados ante la Sexta Sala: 11 de estos fueron iniciados “con sustento” en actas de hechos levantadas por el Corredor Público No. 56, Lic. César Eduardo Uribe González.

    “En todas se hizo constar la existencia de supuestos trámites que nunca fueron realizados, siendo prueba de ello que dentro de tales procedimientos no se aportó acuse de recibo alguno con el que se demostrara la real presentación de sus solicitudes. En 19 de estos casos se concedieron suspensiones con efectos legales extralimitados, dichas suspensiones permitían que el particular realizara la demolición y/o la construcción de edificaciones pretendidas, o se mantuviera en operación el giro solicitado, resolviendo el fondo del asunto desde ese momento sin haber dictado sentencia; es decir, se benefició el interés privado sobre el interés público, utilizando de manera incorrecta la ley. Resulta relevante la celeridad con la que la mayoría de estos procedimientos fueron resueltos, algunos a tan solo 15 y 19 días de iniciado el procedimiento. Algunos de ellos, el mismo día que se presentaba la solicitud, era admitida; cuando por otro lado, esta administración tiene juicios presentados en esta sala que hoy no han sido admitidos desde hace 8 meses”, agregó Alfaro Ramírez.

    El Presidente Municipal dijo que las irregularidades incurridas por la Sexta Sala no se limitan a procedimientos de afirmativas fictas, también las hay en juicios de nulidad, de lesividad y otros procedimientos.

    “Hay muchas otras formas, casos y participantes de distintas irregularidades que seguimos analizando, y que eventualmente utilizaremos como prueba de la existencia de esta y otras redes de corrupción que podrían incluir a otros fedatarios públicos, impartidores de justicia, ex funcionarios municipales de todos los niveles, y particulares”.

    Agregó que por primera vez en México, los ciudadanos serán testigos de cómo un funcionario público, que antes gozaba de fuero, torcía y violentaba la ley impunemente, será llevado a un juicio penal.

    Por último, hizo un llamado al Gobernador del Estado de Jalisco para que se sume a la lucha contra la corrupción, y que instruya al Fiscal para que se tome en serio este asunto y garantice que se actúe conforme a derecho.

    Alfaro Ramírez sostuvo que se une como ciudadano a la causa de los vecinos de las colonias que han resultado afectadas por las decisiones tomadas por el magistrado, y que colonos de San Miguel de Mezquitán, Providencia, San Javier, Monraz, Chapalita han emprendido la defensa de sus derechos.

    Casos Emblemáticos

    Kia, Agencia Automotriz: Ubicado en avenida Patria 2175, entre Acueducto y Alberta es un predio colindante al Bosque de los Colomos marcado en los planes parciales como Espacio Verde Nivel Regional.
    Legalmente, en ese predio sólo puede haber usos o actividades recreativas o deportivas y es una zona de protección a los mantos acuíferos.
    En este predio, el Magistrado Alberto Barba a través de una afirmativa ficta y utilizando la red de corrupción donde participa el corredor público 56, otorgó ilegalmente en 2014 un dictamen de uso de suelo para Uso Comercial y de Servicios.
    Adicionalmente el magistrado dio este uso de suelo estando pendiente de resolver un juicio de lesividad interpuesto desde 2010 en este mismo predio (juicio 304/2010), en contra de un recurso de revisión que autorizaba un uso no permitido en este predio.
    A pesar de que el asunto se encontraba en litigio, el magistrado otorgó una resolución favorable al particular violando los procesos judiciales y los planes parciales.
    De este mismo caso, en 2015 a través del mismo mecanismo de afirmativa ficta (con la misma red de corrupción) el magistrado ordenó al Ayuntamiento la emisión de Licencia de Giro para el funcionamiento de la Agencia Automotriz Kia.

    Casa Aguilar: Av. Guadalupe No. 1001, la finca original, estaba catalogada como de Valor Artístico Relevante, con un nivel máximo de Conservación. En 2015 a través de un procedimiento de afirmativa ficta en la que participó el corredor público 56 de Jalisco, el magistrado otorgó licencia de demolición y licencia mayor de construcción.
    La demolición de la misma se hizo sin autorización del Comité del Centro Histórico ni de ninguna otra dependencia afecta al Patrimonio edificado.

    Adicionalmente, también con una afirmativa ficta, el mismo magistrado autorizó para el mismo predio un dictamen de 104 viviendas y oficinas, y un hotel, con un CUS de 4.0 y hasta 13 niveles en una torre, y 12 niveles en una segunda torre; en un lugar donde solo se permiten comercios y servicios barriales, 40 viviendas plurifamiliar vertical densidad baja, con un CUS de solamente 2.1.

    Mar Mediterráneo 1103: Para este predio a través de una afirmativa ficta en la que vuelve a aparecer la red de corrupción, el magistrado otorgó una Licencia Mayor de Construcción para un edificio plurifamiliar vertical con 69 viviendas, en una torre de 25 niveles. Para este predio solo se permite una vivienda unifamiliar o plurifamiliar horizontal, con un CUS de 2.1 es decir, no está permitida una torre habitacional.

    Calle Mar Rojo No. 2095: se otorgó mediante afirmativa ficta Licencia Mayor de Construcción, para 44 Viviendas en 11 niveles de altura, donde únicamente el Plan Parcial de esa zona le da para 4 niveles. Se interpuso juicio de lesividad V-1568/2015, que fue admitida en la Segunda Sala y actualmente se encuentra en trámite.

    Motel Mezquitán: El juicio de lesividad de motel mezquitán está en manos de este magistrado y ha estado retrasando la emisión de la sentencia. En la licencia de ese motel existe la presunción de documentación falsa. El ayuntamiento ha estado empujando para que finalice el proceso sin tener respuesta de la sala para resolverlo.
    En dos años no se ha resuelto el caso y al mismo tiempo se ha permitido que la construcción del Motel impugnado hoy se encuentre en su etapa final.
    Y por si fuera poco, desde hace un año que al Ayuntamiento no se le permite revisar el expediente del caso, bajo pretexto de que “se encuentra en el privado del Magistrado y está bajo llave”.

    Olmecas 843: El Gobierno de Guadalajara interpuso un juicio de lesividad, que se turnó a la Sexta Sala desde el mes de marzo y a la fecha no ha sido admitido. Ante esto el Ayuntamiento emitió medidas de seguridad y la obra estuvo suspendida, sin embargo el constructor tramitó un juicio de nulidad en la Cuarta Sala y le otorgaron suspensión para que siguiera construyendo, el mismo personal del tribunal quitó los sellos de suspensión.

    Chochocate Colomos: Catalogado como Espacio Verde Nivel Regional, donde sólo puede haber usos o actividades recreativas o deportivas. Además, es una zona de protección a los mantos acuíferos.
    El magistrado autorizó a través de afirmativa ficta la la Licencia de Urbanización para 35 viviendas. Nosotros contestamos que además existía otra suspensión que protege el área verde y pedimos al Congreso del Estado que decretara el predio como Zona de Recuperación Ambiental, lo cual ya sucedió.

    Hospital San Javier (José María Heredia entre Quebec y Eulogio Parra): En estos predios sólo se permite la vivienda unifamiliar, donde los coeficientes máximos permitidos, son un COS de 0.6 y un CUS de 1.2.

    El magistrado emitió una afirmativa ficta ordenando la emisión del dictamen de trazos, usos y destinos favorable y posteriormente para Licencia de Construcción consistente en la ampliación de Hospital San Javier, otorgando consultorios y comercios, con un COS de 0.7, un CUS de 8.0 y 10 niveles de altura.
    Esta resolución la apelamos y el Magistrado Barba desechó la apelación. Por lo anterior promovimos un juicio de amparo para combatir la sentencia el cual aún está en proceso.

    Paseo de la Cima 49 (esquina Circuito Madrigal): Se ordenó a través de afirmativa ficta 650/2015 de la Sexta Sala emisión de la Licencia de Construcción. Para ese predio sólo se permite vivienda unifamiliar y plurifamiliar horizontal, con un CUS de 0.8 y 2 niveles de altura.
    El magistrado autorizó un desarrollo plurifamiliar vertical con 200 viviendas, en una torre de 17 niveles y dos torres de 21 niveles.
    En este caso el Ayuntamiento emitió medidas de seguridad y la obra se suspendió hasta que un tribunal colegiado federal le otorgó al particular una suspensión para que la obra continúe.

     

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